Los niños y los adolescentes son， primariamente， un asunto de familia。 Las instituciones sociales tan solo intervienen para apoyar y facilitar su adecuado desarrollo。 Lo hacen en ámbitos tan diversos como la escuela， la salud， los servicios sociales， el ocio o los espacios públicos。

Sin embargo， las familias y las instituciones fallan de vez en cuando y dejan a los menores de edad， aún dependientes， en situación de vulnerabilidad。

En estos casos concretos， el poder público interviene， a veces coercitivamente， disponiendo herramientas jurídicas y socioeducativas para supervisar y， en su caso， separar al menor de edad vulnerable de la unidad familiar que no lo ampara。

A pesar del título， el Derecho no es la única referencia de este libro， ni probablemente la principal， a pesar de las páginas que ocupa en él。

Lo es， en cambio， la búsqueda de equilibrio entre tres principios en tensión y no siempre coincidentes en casos de niños y adolescentes vulnerables: la autoridad pública protectora， el interés superior del niño y el adolescente y el derecho a la vida familiar sin interferencias ilegítimas。

Igualmente， el análisis se preocupa por la forma de enlazar la evaluación de los profesionales， basada en metodologías socioeducativas y sistemas de indicadores， y los criterios fijados por las normas jurídicas， muy exigentes， formal y materialmente， cuando se trata de desamparar a un niño o adolescente y separarlo imperativamente de su núcleo familiar。

Sin perder de vista el rigor， el trabajo también procura incorporar un cierto sentido didáctico， abreviando en lo posible los dogmas jurídicos; ilustrando la exposición por medio de ejemplos y casos prácticos， resúmenes y esquemas gráficos; desplazando buena parte de las citas jurídicas a pie de página， y añadiendo enlaces digitales a contenidos públicos disponibles en internet。

Al mismo tiempo， el estudio no se limita al contenido que se anuncia （el desamparo de los niños y los adolescentes）。 Las herramientas de prevención， precaución y seguridad de procesos también sacan la cabeza。

En último término， el libro no puede dejar de constatar que la protección jurídica de los niños y los adolescentes desamparados， a pesar de los avances profesionales y metodológicos， es una institución imperfecta， en proceso continuo de crítica， revisión， mejora y evolución。 El epílogo propone alguno de los posibles ejes de debate sobre modelos alternativos。